Nuevo decreto de armas de Bolsonaro pondría a reporteros en peligro, dice asociación de periodismo

Bolsonaro firma decreto sobre armas el 7 de mayo mientras congresistas celebran con gestos de pistolas con las manos. Foto: Marcos Corrêa, prensa del Gobierno de Brasil, CC-BY 2.0.

Mucho antes de postular a la presidencia, el gesto característico de Jair Bolsonaro era hacer pistolas imaginarias con los dedos. Flexibilizar las estrictas leyes de control de armas de Brasil era una de sus principales promesas de campaña, y ahora está tratando de cumplirlas. En enero, suscribió un decreto que facilitaba a los civiles tener un arma, y el 7 de mayo, suscribió otro que reducía las restricciones aún más para 20 tipos de profesionales.

Son trabajadores sociales, agentes de tránsito, abogados, camioneros, políticos en ejercicio y reporteros de policiales, entre otros. Durante la ceremonia de suscripción, Bolsonaro dijo que el decreto está “dentro de los límites de la ley”. Y declaró que “toda posibilidad que la ley permite, llegamos hasta esos límites”.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) emitió una declaración en la que pide al Gobierno que derogue la sección referida a trabajadores de prensa. Dice:

Nos 16 anos em que a Abraji  oferece treinamentos de segurança a jornalistas em parceria com organizações internacionais como o International News Safety Institute (INSI), o porte de armas jamais foi apresentado como forma de proteção.
Há ações mais indicadas para aumentar a segurança de quem se arrisca para informar a população, como a estruturação adequada do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Ambientalistas e Comunicadores.

En los 16 años que Abraji ofrece entrenamiento de seguridad a periodistas en asociación con organizaciones internacionales como International News Safety Institute (INSI), portar armas nunca se presentó como forma de protección.
Hay acciones más apropiadas para aumentar la seguridad de quienes se arriesgan para informar a la población, como la estructuración adecuada del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Ambientalistas y Comunicadores.

La declaración cita a Fernando Molica, exdirector de Abraji, que dice que “si andar armado fuera garantía de mantener la integridad física, no matarían a tantos policías en el país”. Para Molica, el decreto es otra manera de transferir las responsabilidades estatales al pueblo:

Com uma canetada, Bolsonaro transformou repórteres em alvo dos bandidos – os caras vão passar a achar que todos nós estamos armados e, que portanto, podemos atirar contra eles, é bem mais provável que eles disparem na nossa direção. Assaltantes terão mais um motivo para abordar caminhoneiros: além de carga a ser roubada, eles, em tese, terão armas que poderão ser arrecadadas.

Con un golpe de bolígrafo, Bolsonaro transformó a los reporteros en blanco de delincuentes, que van a creer que todos estamos armados y, por lo tanto, podemos dispararles, con lo que es más probable que ellos disparen en nuestra dirección. Los asaltantes tendrán un motivo más para atacar a camioneros: además de robar su carga, en teoría, tendrán armas que podrán recolectar.

Igor Gielow, reportero de Folha de S. Paulo, escribe que las amenazas que plantea el decreto podrían tener efecto en el reportaje de conflictos en Brasil:

O argumento da autodefesa fica prejudicado em um tiroteio: ou você estará de um lado, ou de outro. Levando a interpretação ao limite, o decreto quase impõe que repórteres policiais sejam “embedded”, ou seja, acompanhem as tropas do Estado, como acontece em quase todas as guerras.
Isso seria fatal para a diversidade de pontos de vista necessária a uma cobertura de conflito urbano no Brasil.

El argumento de la autodefensa queda perjudicado en un tiroteo: estarás de uno u otro lado. Llevando esta interpretación al límite, el decreto casi impone que reporteros policiales queden “insertos”, es decir, que acompañen a las tropas estatales. como ocurre en casi todas las guerras.
Eso sería fatal para la diversidad de puntos de vista necesaria para la cobertura de conflicto urbano en Brasil.

Poco después de que Bolsonaro firmara la orden, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, dijo que el Congreso podría vetar algunas partes del texto:

A gente precisa discutir a questão das armas, a gente não pode fazer uma interpretação excessiva e ampliar ainda mais a violência que existe no Brasil. Vamos avaliar junto com a nossa assessoria sobre o que pode ter sido usurpado e dar atenção a esse tema que tem mobilizado a sociedade brasileira nas últimas horas

Debemos discutir la cuestión de las armas, no podemos hacer una interpretación excesiva y ampliar más la violencia que ya existe en Brasil. Evaluaremos, junto con nuestra asesoría, hasta qué punto el decreto usurpó [la ley] y pondremos atención a este tema que ha movilizado a la sociedad brasileña en las últimas horas.

Según la ONG Reporteros sin Fronteras, de los 66 periodistas muertos en todo el mundo en 2018, cuatro eran brasileños. Un informe de Article 19 de noviembre de 2018 dice: “Están matando a periodistas y comunicadores en Brasil con impunidad” y que “blogueros y presentadores en pueblitos enfrentan el mayor riesgo de terminar muertos a causa de sus investigaciones”.

El informe destaca que la “mayoría de asesinatos parece haber sido realizada por sicarios a órdenes de terceros”. Ninguno de los cuatro periodistas brasileños muertos informaba sobre delincuencia. Laura Tresca, directora regional de Article 19 para Sudamérica dice en el informe:

The death of a communicator has wider implications for Brazilian society. The victims in this report were silenced for speaking out about corruption and crime. Their murders create a climate of fear and self-censorship that prevents others from holding our politicians, authorities and corporations to account.

La muerte de un comunicador tiene mayores consecuencias para la sociedad brasileña. Las víctimas en este informe fueron silenciadas por denunciar la corrupción y la delincuencia. Sus muertes crean un clima de temor y autocensura que impide a otros hacer que políticos, autoridades y corporaciones rindan cuentas.

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