El informe de la Guardia Civil evidencia irregularidades en la gestión política del Gobierno en el 8-M

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, destituyó este lunes «por pérdida de confianza» al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. La decisión se adoptó al perder la confianza en su gestión «en las últimas fechas». Se confirma que el motivo que hay detrás de ese cese es la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre la celebración de la manifestación feminista del 8-M bajo la amenaza de la propagación del coronavirus.

Fuentes próximas confirmaron ayer a Cope que los agentes recibieron indicaciones de la juez de comunicar cualquier hallazgo o informe solo al juzgado, y cuidar mucho de que la información fluya en cualquier otra dirección. El coronel Pérez de los Cobos cumplió con esas indicaciones y se negó a aportar información a Marlaska, algo que no gustó al ministro. Esos informes de la Guardia Civil subrayarían varias irregularidades en la gestión política al autorizar las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Dichos informes incidirían en el procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid por dar luz verdes a las manifestaciones de aquel domingo, sólo días antes de decretarse el estado de alarma cuando ya se conocía que la amenaza de propagación del coronavirus era real.

Los informes fueron encargados por la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia.

Hay que destacar también la posición vulnerable en la que quedan el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, el responsable del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Fernando Simón y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid José Manuel Franco envío diez días antes del 8-M un correo a los empleados de la Delegación del Gobierno para tomar precauciones ante la propagación del coronavirus. Mientras, Fernando Simón prohibió que se celebrara un congreso religioso tres días antes del 8-M por el miedo también al virus. Sin embargo, sí permitió que se celebraran las manifestaciones feministas y no desaconsejó públicamente su asistencia. Por último, el ministerio de Sanidad – cuyo titular es Salvador Illa – elaboró dos informes técnicos el 3 y el 6 de marzo que ya advertían del peligro que suponían las concentraciones.

El informe, en definitiva, evidencia la mala gestión del Gobierno en el 8-M con incluso responsabilidad penal y puede servir como plataforma para todas las querellas que recibirá este Gobierno por las víctimas del coronavirus. La jueza está ya empezando a pedir correos de Fernando Simón y del delegado del Gobierno en Madrid, citado como investigado ayer, para evaluar sus responsabilidades. Según Vózpopuli, Marlaska ya tendría una copia de ese informe, algo grave puesto que el Gobierno es parte implicada en esta investigación.

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

DE JUEZA A JUEZ

En oficio remitido a Interior que reproduce ‘El Español’, la juez también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».

El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se conoció la destitución de Diego Pérez de los Cobos. La magistrada recuerda que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».

En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.

En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.

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