Democracia es el régimen cuya doctrina política establece un sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, o sea, la autoridad suprema del poder público sobre un territorio y sus habitantes, mediante la elección libre de sus dirigentes.

La Democracia requiere un régimen que establezca la independencia estricta de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; separados por el pueblo soberano para evitar que la concurrencia de tales poderes en las mismas personas corrompa el régimen y devenga éste en una oligocracia encubierta. La independencia estricta de los poderes del Estado sólo se logra mediante la elección libre por el pueblo, en procedimientos electorales distintos (lo que se expresa frecuentemente como «en urnas separadas»), de los representantes de cada uno de esos poderes; y se mantiene mediante la celosa vigilancia de cada poder sobre los otros en defensa de su propio ámbito competencial; y mediante el establecimiento de los procedimientos de control, por parte del pueblo, sobre el comportamiento de sus representantes: Desde el punto de vista de la legalidad, es el Poder Judicial, cuerpo funcionarial, el que impondrá el imperio de la Ley emanada del Parlamento al cuerpo político; y desde el punto de vista de la eficiencia, es el propio pueblo representado el que decide mediante el mandato imperativo de cada representante y un ágil procedimiento de destitución (o impeachment) en caso de corrupción manifiesta. Es precisamente ese control el que obliga al régimen a permitir al ciudadano identificar a un diputado concreto como propio representante en el Poder Legislativo.

Una vez comprendido lo anterior, llamar democracia a lo que organiza políticamente la España actual es malintencionado; y sería sin duda delictivo, si hubiera una verdadera Ley promulgada por el pueblo, en vez de por los partidos políticos.

Nadie pone en duda la legitimidad de la existencia de los partidos políticos, sino su pertinaz y avaricioso acaparamiento del ámbito de la política toda; de manera que, en España, ningún ciudadano puede ejercer sus derechos políticos si no es a través del filtro ideológico de un partido político. A veces, los partidarios llegan a mofarse del español que desea opinar políticamente diciéndole que si no le gusta lo que hay, constituya un partido político propio, a sabiendas, no sólo de la dificultad económica que ello conlleva, sino de la perversión que supone que la forma de pensar de un individuo deba homologarse con la de miles de otros individuos para constituir un cuerpo común partidario. La misma Constitución de 1978 bendice la exclusiva, el acaparamiento del ámbito de lo político, de los partidos y lo expresa taxativamente al pontificar que la libertad política de los españoles se manifiesta a través de estos. Y ello con todas sus consecuencias.

La consecuencia es que un ciudadano que desee expresar su opinión política, y no comulgue con las supuestas ideologías de los partidos que existen, no tiene posibilidad de ser representado. Es decir, que el régimen margina a sabiendas a todos los españoles que no se homologuen gregarios alrededor de un partido político concreto. Así, quien piense que en España, por ejemplo, deben construirse nuevas centrales nucleares, pero que debe prohibirse el despido libre, no tiene nadie que lo represente. Y, en general, suele ir a votar como mal menor (o sea, para evitar lo peor); o simplemente no va a votar, y se desentiende de la política.

El español medio se desentiende de la política porque sabe que no tiene voz (y que su voto está corrompido, pues da carta blanca al partido votado para que haga con él lo que le venga en gana, aún traicionando las opiniones de los votantes y hasta los propios programas electorales). El español medio se desentiende (como cualquier humano inteligente) de todo aquello que no puede controlar y resulta socialmente perjudicial: de los terremotos, de los tsunamis, de las epidemias y de los partidos políticos. Y se limita a lamentar las consecuencias de tales desgracias incontrolables: e igual que lamenta que Dios no controle las catástrofes de la Naturaleza, lamenta también no controlar su destino social por no tener verdaderos representantes políticos.

El español no tiene representantes políticos en los diputados electos, ni aunque sean del partido de sus preferencias dentro del arco parlamentario, porque los diputados a quien representan exclusivamente es a su partido, que les ordena (a mano alzada, con los dedos, el jefe de filas, lo que deben votar en cada ley o propuesta en el Congreso y el Senado). Y es el partido el que (supuestamente) representa a sus votantes, porque la plebe no puede votar personas, sino siglas partidarias; y es la cúpula de la ejecutiva del partido la que interpreta lo que sus votantes desean (es decir, hace encuestas para conocer la caída en la intención de voto cada cierto período de desmanes en la gestión política, económica y social) mediante las herramientas del márquetin de masas. Porque la representación política, como la de cualquier otro tipo, requiere la garantía del control permanente del representado a su representante. Si no, es otra cosa, aunque se intente engañar al ciudadano con palabrería formal. Nadie puede representar a otro en ninguna gestión concreta (como la del voto en una ley) si la opinión de ese otro no es primero escuchada por el representante. Eso, que es obvio cuando pagamos la minuta a un representante en algún negocio o gestión (un abogado, un arquitecto, un intermediario, etc), no se verifica en el sistema político español.

El sistema político español está a caballo entre la dictadura de la que proviene sin ruptura (fue acuerdo, transición, pacto, consenso, conceptos todos no democráticos, sino oligárquicos) y la verdadera democracia. De manera que llamar al Régimen monárquico-parlamentario español DEMOCRACIA es tan inexacto y tan injusto como calificarlo de DICTADURA. Cualquiera que haya leído esto, y se sienta sorprendido o incluso insultado, y desee comprobar la veracidad de nuestro aserto, limítese a asomarse al otro lado de lo Pirineos (esos montes que siempre nos han separado de Europa) y eche un vistazo en Francia a lo que es una ciudadanía organizada, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus conquistas.

Cualquier país que vive más de 70 años seguidos en el oprobio de la dictadura franquista y del apaño postfranquista transicional cocotero NO TIENE CIUDADANÍA, sino habitantes: pueblo y casta dirigente; explotados y mangantes; corderos y perros pastores; votantes y mafias organizadas de corruptos. La ausencia de toda reacción popular ante la crisis actual, que está destruyendo todo progreso acumulado en los últimos 30 años, demuestra lo que escribo, lo que todos aquí sabemos.

(Visto en http://acratasnew.blogspot.com/)

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